Una vez más, la Universidad de Oriente, y en específico el núcleo de Anzoátegui, vive momentos de crisis. Una crisis desatada por la imposibilidad de las autoridades de cumplir la promesa de “entregar” los cupos exigidos por los grupos políticos estudiantiles del núcleo.
Remitiéndonos al deber ser del sistema educativo, todas aquellas personas que han aprobado el bachillerato tienen derecho a continuar sus estudios de nivel superior, y quiero recalcar la palabra TODAS, por dos razones, primero, porque al obtener un título de bachiller se da constancia que el estudiante ha adquirido la capacitación suficiente para continuar sus estudios, y segundo, porque el derecho al estudio está consagrado en la nuestra Carta Magna, de tal manera que en principio, tiene tanto derecho a continuar sus estudios superiores un bachiller con diez de promedio como uno con veinte, pues ambos lograron culminar exitosamente su formación secundaria. Sin embargo, dada la incapacidad de respuesta por parte del estado a esta masa estudiantil, ha debido el sistema educativo establecer criterios de selección para el ingreso al sistema de educación superior. La manera clásica y mayormente aceptada ha sido a través de la nota promediada durante su actuación en secundaria, y en algunas casas de estudios, se toma en cuenta el resultado de una prueba interna a la cual se someten los aspirantes.
Puede discutirse mucho sobre las ventajas y desventajas, justicias e injusticias de tales criterios, y pienso en lo particular que tal discusión debe hacerse seriamente. De hecho, algunos grupos estudiantiles se apoyan en argumentos críticos sobre dichos criterios de selección para exigir la entrada de aspirantes al sistema educativo superior que por injusticia, han quedado excluidos. Dicha entrada se haría entonces a través de los cupos asignados para ello (ahora denominados “procupos”), y las agrupaciones políticas estudiantiles los encargados de decidir “con justicia” quiénes serían aquellas que gozarán de tal beneficio.
Sin embargo, y asentando un poco los pies sobre la tierra, no escapa de ser un hecho histórico cultural, que en nuestro núcleo (y en otros tantos), tal asignación de cupos por parte de las autoridades universitarias, viene a responder a una manera de mantener “contentos” y ganar la simpatía de las agrupaciones políticas estudiantiles, y de paso asegurar un comportamiento “decente”. Viéndolo de manera más cruda, viene a ser una forma de negociación política.
Hasta ahora todo había venido “funcionado” entre comillas, pero debido a las nuevas exigencias que el gobierno nacional hace sobre la asignación de cupos en las universidades nacionales, la cantidad de plazas disponibles para el manejo interno de la propia universidad se ve reducida de manera sustancial, y por supuesto, hay entonces promesas que ahora las autoridades universitarias se ven incapacitadas para cumplir.
Actualmente existen aproximadamente 35 agrupaciones políticas estudiantiles exigiendo 50 cupos cada una, saque usted la cuenta. Con menos de 500 cupos disponibles, tal promesa no puede cumplirse.
Ahora las autoridades universitarias están dispuestas a eliminar los procupos, cueste lo que cueste, y por otro lado, los estudiantes radicalizarán sus acciones con tal de recuperar lo que ellos llaman sus derechos.
Cuando uno escucha los argumentos que esgrimen las autoridades, tanto decanales como rectorales sobre los vicios creados presuntamente sobre los procupos (tales como la venta de cupos, el ingreso al núcleo de “estudiantes” delincuentes y mala conductas que saquean y perjudican tanto a la comunidad intra y extra universitaria por nombrar sólo dos), parecen olvidar la responsabilidad que tienen sobre tal situación, porque tal asignación de cupos para que grupos políticos estudiantiles los administren a su discreción, no fue una idea surgida de los gremios universitarios, a los cuales piden, una vez más que encaren la crisis. Es responsabilidad de las autoridades disciplinar al muchacho que ellos malcriaron y considero desacertado corresponsabilizar a la comunidad universitaria por la crisis que se desata.
Pero peor aún veo el hecho de que, una vez más, es la realidad del país la que obliga a la universidad a enrumbarse, no siendo el deber ser, o los ideales de excelencia y mejora futura los lineamientos que guíen a la las autoridades universitarias a rectificar sobre los procupos, sino más bien, la imposibilidad práctica de seguir con tal herramienta de manipulación política.
¿Dónde está la Universidad que arroja luz sobre la comunidad? Sólo veo una institución, que nuevamente se ve forzada por las circunstancias a cambiar y a adecuarse.
Ahora mi pregunta sería: si hubiese la disponibilidad para que las autoridades lograsen satisfacer las exigencias del procupo, entonces, ¿no existiría tal crisis? Si es así, los vicios creados alrededor de esta práctica, en estos momentos no serían considerados por las autoridades, tan graves.
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